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Latinoamérica en déficit con la educación sexual

INFORME: Amnistía Internacional llama a los Estados a cumplir obligación.

Amnistía Internacional (AI), junto con otras organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, lanzaron la campaña ESIgualdad, que busca articular esfuerzos para hacer realidad el derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación sexual integral.

“Hoy nos unimos con organizaciones de toda la región con un simple mensaje para los Estados de América Latina y el Caribe: ha llegado la hora de que dejen de dar la espalda a las demandas por una educación sexual integral laica, científica y con enfoque de género”, dijo Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Bajo el lema #DeseoSeaDerecho, la campaña hace un llamado a los Estados a acelerar significativamente el cumplimiento de su obligación de asegurar la implementación universal de la Educación Sexual Integral (ESI).

Para AI, esta es una herramienta clave para la prevención de abusos sexuales, situación que podría salvar la vida de miles de personas, incluidas niños, niñas y adolescentes que al tener información sobre educación sexual podrían pedir y recibir ayuda a tiempo.

Además, permitiría disfrutar de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud física y mental, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a vivir una vida libre de violencia o el derecho a la identidad, entre otros.

FRENTE A LA DESINFORMACIÓN

La campaña, dijeron los convocantes, busca hacer frente al alarmante incremento de ataques y desinformación contra las políticas y leyes que buscan abordar la igualdad de género, los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la educación pública, “encabezados por grupos con una agenda contraria a los derechos humanos que comparten falsedades, engaños y mentiras que generan mucho miedo en jóvenes y sus familias, poniendo sus derechos en riesgo”.

La situación regional respecto al cumplimiento de este derecho “es desoladora”.

América latina y el Caribe afligida por altos índices de desigualdad de género, violencia contra las mujeres, niñas y personas LGBTIQA+, embarazos precoces no deseados y forzados, y otras vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral plantea combatir todas estas problemáticas.

Aún en países, como Argentina, que cuentan con leyes o políticas públicas que respaldan el derecho a educación sexual integral, existen serias deficiencias respecto a su implementación efectiva.

Obligatoria por ley desde 2006, estudios del Ministerio de Educación muestran que muchos estudiantes siguen sin recibir ningún tipo de educación sexual integral, y la mayoría de los que sí han recibido algo de educación sexual lo han hecho de manera incompleta, no sostenida y fragmentada.

Chile tuvo una oportunidad importante para avanzar en la protección de los niños, niñas y adolescentes en este tema, pero en octubre de 2020 el Congreso rechazó un proyecto de Educación Sexual Integral que pretendía establecer normas generales en materia de educación sobre afectividad, sexualidad y género para los establecimientos educacionales.

En Paraguay, bajo presión de grupos opuestos a la igualdad de género y los derechos humanos, el Ministerio de Educación emitió una resolución en 2017 que prohibió todos los materiales de educación relacionados con la perspectiva de género del sistema de educación pública.

En Guatemala, el proyecto de ley 5272 que prohibiría a instituciones educativas privadas y públicas implementar políticas y programas sobre educación integral en sexualidad, avanzó en segundo debate en el Congreso en 2018.

Algunos gobiernos han intentado pasos positivos pero han sido frenados por grupos de oposición. En República Dominicana, una orden departamental del Ministerio de Educación en 2019 para la creación de una política para la igualdad de género dentro del Ministerio provocó fuertes movilizaciones en su contra.

Hasta la fecha, el Ministerio sigue sin ninguna política en esta materia.

“La educación sexual integral es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos. Es clave también para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad y tomar decisiones libres e informadas. Pero los Estados de la región siguen sin dar prioridad suficiente a este tema. Esto tiene que cambiar”, completó Erika Guevara.

Fuente: ANSA.

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