De acuerdo con el Índice de Disponibilidad de Datos Educativos (IDDE) elaborado por Argentinos por la Educación, el país alcanza un puntaje de 0,67 en una escala que va de 0 a 1, lo que lo posiciona en el tercer lugar de América Latina, detrás de Chile (0,95) y Uruguay (0,72). Por debajo aparecen Brasil (0,60), Ecuador (0,57), Colombia (0,55) y Perú (0,51).
El índice surge del informe “Índice de disponibilidad de datos educativos: acceso a la información en países de América Latina”, elaborado por investigadores de distintas instituciones académicas y centros de estudio.
Qué mide el índice
El IDDE compara los sistemas de información educativa de once países de la región a partir de tres grandes dimensiones:
-
Relevamientos escolares (datos estructurales como matrícula, cargos docentes y establecimientos).
-
Evaluaciones nacionales de aprendizaje.
-
Registros nominales de ausentismo estudiantil.
Cada dimensión se analiza según tres criterios: cobertura, frecuencia de actualización y nivel de transparencia en la publicación de la información. El resultado final es un promedio de nueve variables.
Una fortaleza: los relevamientos escolares
El desempeño de Argentina se explica principalmente por la disponibilidad de datos provenientes de relevamientos del sistema educativo. En esta dimensión el país alcanza 0,84, uno de los puntajes más altos de la región.
Estos registros incluyen información estructural sobre matrícula, cargos docentes y establecimientos, lo que permite contar con una base relativamente sólida para analizar el funcionamiento del sistema educativo.
Los desafíos: ausentismo y evaluaciones
En cambio, el informe señala que los mayores desafíos aparecen en otras áreas clave. En evaluaciones estandarizadas Argentina obtiene 0,67, mientras que en datos nominales de ausentismo alcanza 0,49.
Esta última dimensión resulta particularmente relevante porque permite seguir las trayectorias educativas de los estudiantes de manera individual. Actualmente, solo cuatro países de la región —Argentina, Brasil, Chile y Uruguay— cuentan con datos abiertos sobre ausentismo.
Si bien algunas jurisdicciones del país ya registran la asistencia escolar con frecuencia diaria, la cobertura todavía es parcial: no todas las provincias ni todas las escuelas forman parte de estos sistemas, y la información disponible públicamente suele difundirse en forma agregada.
Sistemas de información para mejores políticas
Especialistas señalan que avanzar en registros nominales más completos permitiría comprender mejor fenómenos como el abandono o la irregularidad en la asistencia escolar.
Según explicó Analía Jaimovich, directora de Estudios y Asistencia Técnica en SUMMA, contar con datos detallados sobre matrícula y ausentismo permite seguir las trayectorias educativas de los estudiantes y diseñar políticas más efectivas para protegerlas.
En esa línea, la experta mencionó la experiencia de Chile, donde el desarrollo de sistemas de protección de trayectorias educativas fue posible gracias a la existencia de datos nominales consolidados.
Desigualdades en la región
El estudio también muestra fuertes diferencias entre los países latinoamericanos. Mientras Chile encabeza el ranking con 0,95, otras naciones presentan niveles muy bajos de disponibilidad de información.
Entre ellas aparecen Paraguay (0,19), Bolivia (0,18) y México (0,09). En el caso de Venezuela, el informe señala que no existen datos públicos disponibles en las dimensiones analizadas.
La importancia de abrir y mejorar los datos
Para los autores del informe, fortalecer los sistemas de información educativa no solo beneficia a los gobiernos. También permite mejorar el acceso al conocimiento sobre el sistema educativo para investigadores, escuelas, familias y organizaciones de la sociedad civil.
La investigadora Nancy Montes, de FLACSO, señala que el índice permite sintetizar el estado actual de la información educativa en la región y identificar los desafíos pendientes en cada país.
En la misma línea, el investigador Juan Suasnábar advierte que los sistemas educativos atraviesan una transformación profunda vinculada con la digitalización de procesos administrativos y pedagógicos, lo que genera cada vez más datos sobre lo que ocurre en las escuelas.
El desafío, subraya, es transformar esa información en evidencia útil para mejorar las políticas educativas.
Un debate abierto
El informe también plantea interrogantes sobre la forma en que se difunden los resultados educativos. En Argentina, la normativa vigente limita la publicación de evaluaciones a nivel de escuela para evitar procesos de estigmatización.
Sin embargo, especialistas como Juan Cruz Perusia, investigador de educación en CIPPEC, sostienen que la experiencia internacional muestra que es posible publicar información con resguardos adecuados, favoreciendo al mismo tiempo la investigación, el análisis independiente y el uso de evidencia por parte de la sociedad.
En síntesis, Argentina cuenta con una base relativamente sólida de información educativa, pero todavía enfrenta el desafío de integrar, ampliar y transparentar los datos disponibles. Avanzar en ese camino, coinciden los especialistas, resulta clave para diseñar políticas públicas basadas en evidencia y mejorar el funcionamiento del sistema educativo.
