Sin embargo, en la práctica, ¿hasta qué punto las escuelas están preparadas para garantizar el derecho a la educación de niños y niñas con discapacidad? ¿Qué tan lejos estamos de una verdadera inclusión y no solo de una integración formal?
De la integración a la inclusión: una deuda pendiente
La educación inclusiva no es nueva en los discursos pedagógicos, pero su implementación real aún encuentra obstáculos. Desde la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 en 2006, que reconoce el derecho a la educación en contextos comunes para estudiantes con discapacidad, hasta normativas internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el marco legal está. Lo que falta, muchas veces, es la decisión política y los recursos para que la norma baje al aula.
“Tenemos chicos que están matriculados, pero no integrados. La escuela los recibe, pero no los incluye”, apunta Mariana Recalde, especialista en pedagogía inclusiva. Y la diferencia es clave: la integración implica que el estudiante con discapacidad se adapte al sistema. La inclusión, en cambio, exige que el sistema se adapte a las necesidades de todos.
Formación docente: entre avances y desafíos
Uno de los pilares de una educación inclusiva real es la formación docente. En los últimos años, se han multiplicado cursos, seminarios y diplomaturas sobre el tema. Algunas provincias, como Buenos Aires y Córdoba, han incorporado contenidos de educación inclusiva en los profesorados. Sin embargo, sigue siendo una deuda su incorporación transversal y obligatoria en todas las carreras de formación docente.
“La mayoría de los docentes no tuvo formación específica sobre discapacidad, y mucho menos sobre accesibilidad pedagógica o diseño universal para el aprendizaje”, explica Gustavo Gómez, director de una escuela secundaria en zona sur del conurbano bonaerense. “Entonces, el trabajo se hace con buena voluntad, pero también con mucha improvisación”.
Las barreras reales: infraestructura, recursos y mirada
Más allá del compromiso individual de muchos docentes, las barreras estructurales persisten. La falta de accesibilidad edilicia es apenas la punta del iceberg. También hay escasez de materiales adaptados, dificultades para implementar apoyos personalizados y, en muchos casos, la ausencia o rotación constante de maestras integradoras.
Pero quizás una de las barreras más difíciles de derribar es la cultural: la mirada capacitista que todavía prima en muchas instituciones. “Nos encontramos con escuelas que piden ‘no chicos con discapacidad intelectual’ o que se niegan a trabajar con ciertos diagnósticos”, denuncian desde organizaciones como TGD Padres TEA. El miedo, la desinformación y la falta de acompañamiento estatal siguen dejando a muchas familias en una lucha permanente.
¿Hay lugar para todos?
La inclusión educativa no se trata de un favor ni de una excepción: es un derecho. Y como tal, debe garantizarse desde la política pública, la gestión escolar y la práctica cotidiana. Las experiencias exitosas existen, y muchas escuelas están haciendo un trabajo valiente y comprometido para transformar sus modos de enseñar y vincularse. Pero el sistema aún no está a la altura de ese compromiso.
“No alcanza con inscribir a un niño con discapacidad”, sentencia Recalde. “Hay que revisar cómo se enseña, cómo se evalúa, cómo se construyen los vínculos. Incluir es cambiar todo lo que haya que cambiar para que haya lugar para todos”.
La pregunta, entonces, ya no es si hay cupo, sino si hay voluntad real de construir un sistema educativo donde la diversidad no sea un problema a resolver, sino una riqueza a abrazar.
